La queja de discriminación de 7 niños ciudadanos podría darles a sus padres fondos monetarios

Los Angeles  — El testimonio de varios niños ciudadanos podría darles a sus padres indocumentados de todo Estados Unidos algún tipo de beneficio monetarios, si el tribunal decide que los menores fueron discriminados.

Una queja en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland impugna la exclusión intencional y discriminatoria de los niños ciudadanos estadounidenses de los beneficios de la asistencia federal, en respuesta a la pandemia de coronavirus, basada únicamente en el hecho de que uno o ambos de sus padres son inmigrantes indocumentados.

El reclamo busca una declaración de que la denegación de los pagos de impacto económico de la Ley CARES a los hijos de padres indocumentados ciudadanos estadounidenses es inconstitucional y busca pagos de hasta 500 por cada niño ciudadano estadounidense, de acuerdo con los umbrales de la Ley CARES.

La demanda fue presentada en nombre de siete niños ciudadanos estadounidenses y con el apoyo de CASA, una organización sin fines de lucro de inmigración del área de D.C.

La queja explica que la Ley CARES, que se promulgó el 29 de marzo de 2020, proporciona una línea de vida financiera a millones de personas mediante la distribución de beneficios individuales de hasta 1,200 por adulto y hasta 500 por cada los hijos del adulto menores de 17 años.

Sin embargo, la Ley CARES proporciona pagos únicamente a los contribuyentes que presenten sus impuestos utilizando un Número de Seguro Social valido.

“La negativa a distribuir este beneficio a los niños ciudadanos socava los objetivos de la Ley CARES de brindar asistencia a los estadounidenses que lo necesitan, frustra los esfuerzos de la Ley para impulsar la economía y castiga a los niños ciudadanos por el estado de sus padres, un castigo particularmente absurdo dado que los inmigrantes indocumentados, colectivamente, pagan miles de millones de dólares cada año en impuestos”, dijo Mary McCord, Directora Legal de Georgetown Law’s Institute for Constitutional Advocacy and Protection (ICAP), la institución que presentó la demanda en nombre de los menores.

“Más fundamentalmente, esta discriminación viola los principios de igualdad de protección incorporados en la Cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda”, sostiene.

La profesora Leslie Book, de la Facultad de Derecho de Villanova Widger, y quien también presentó la demanda, señala que la decisión de no proporcionar pagos de impacto económico para apoyar a los niños ciudadanos perjudica a los niños directamente y es una bofetada a millones de inmigrantes que pagan impuestos.

“Esto es especialmente cruel e injusto cuando muchos luchan por pagar la comida, el alquiler y la medicina”, dice.

Muchos de los miembros de CASA (una organización que aboga por la comunidad inmigrante) en Maryland, Virginia, Pensilvania y el Distrito de Columbia, así como las familias inmigrantes en todo el país, se han visto particularmente afectados por la pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas, sostiene Nicholas Katz, gerente de Servicios Legales de CASA.

“Los inmigrantes representan casi una quinta parte de los trabajadores de primera línea durante esta pandemia. Es una indignación absoluta que dependamos de las familias inmigrantes para que cuiden a nuestros seres queridos y brinden nuestros suministros esenciales y, sin embargo, les neguemos a sus hijos el apoyo al que tienen derecho como ciudadanos estadounidenses”, agregó.