Para las autoridades de California, las urnas del partido republicano son ilegales, pero la práctica podría ampliarse

Durante años, los republicanos de todo el país criticaron el uso de la llamada “cosecha de boletas”, argumentando que las leyes que permiten a un tercero acopiar las boletas completas de los votantes sirven como caldo de cultivo para el fraude electoral. En California, el partido republicano del estado incluso llevó al gobernador Gavin Newsom y otros funcionarios a los tribunales por esta práctica. Pero ahora, el partido defiende el uso de esa misma ley por la cual alguna vez presentó una demanda.

En las últimas semanas se colocaron contenedores de metal gris etiquetados como urnas en varios lugares, incluidas tiendas de armas, campos de tiro, iglesias y oficinas del partido republicano, en varios condados de California.

Los funcionarios de ese partido reconocieron su responsabilidad y rechazan las acusaciones de irregularidades, desafiando lo que el principal funcionario electoral del estado y el fiscal general señalan como una práctica ilegal.

El procurador general, Xavier Becerra, y el secretario de Estado, Alex Padilla, enviaron el lunes una carta de cese y desistimiento a los funcionarios del partido republicano, exigiendo que dejen de usar de inmediato los contenedores privados de recolección de boletas marcados como buzones “oficiales”.

Los republicanos replican que están aplicando una norma estatal de 2016, que permite que un votante designe a cualquier persona para que recolecte su boleta completa y la entregue a los funcionarios electorales, en un sitio o centro de votación o la coloque en un buzón seguro de sufragio por correo.

En el centro de la batalla están las cuestiones de si es legal recolectar las boletas a través de urnas de terceros y también qué constituye una urna de entrega de boletas “oficial”. La ley de California afirma que quien sufraga por correo puede designar a otro individuo para que entregue su boleta.

La disputa marca la última escalada de un debate nacional entre demócratas y el partido republicano sobre acusaciones de inhibición de votantes y fraude en el período previo a las elecciones del 3 de noviembre, una batalla que muchos analistas políticos temen pueda socavar la confianza pública en la integridad de las elecciones.

Becerra y Padilla -quien calificó las urnas como “falsas” y engañosas- exigieron que los funcionarios republicanos proporcionen antes del jueves una lista de todos los votantes cuyas boletas fueron recolectadas en dichos buzones, para asegurarse de que los documentos fueron recogidos con permiso. Ambos están “preparados para tomar medidas que hagan cumplir la ley estatal, si fuera necesario”, según la carta de cese y desistimiento.

“La norma estatal es absolutamente clara: estas urnas no oficiales y no autorizadas violan lo dispuesto”, enfatizó Padilla en una entrevista con NBC News, el martes. “Hemos avisado a las partes para que cesen y desistan de esta actividad. Y si no lo hacen en poco tiempo, consideraremos todas las opciones legales para abordar la cuestión”.

Según un portavoz de la oficina de Becerra, aún no han recibido una respuesta formal a la nota. El partido republicano de California no contestó el pedido de comentarios de The Times para este artículo. Sin embargo, un vocero del partido declaró a la agencia Associated Press que dejarían de etiquetar sus urnas como “oficiales” para evitar confusiones, pero admitió que podrían ampliar su uso.

Los funcionarios del partido republicano también se negaron a proporcionar a los funcionarios estatales una lista completa de la cantidad de urnas y sus ubicaciones.

El presidente Trump se sumó a la refriega el martes por la noche, cuando retuiteó un artículo de The Times. “¿Quieren decir que solo los demócratas pueden hacer esto? Pero, ¿no lo han estado haciendo por años?”, escribió el presidente. “Los veo en la corte. ¡Luchen con fuerza, republicanos!”.

La existencia de los buzones se conoció cuando un funcionario republicano de Newport Beach publicó una foto de sí mismo en Twitter, el jueves, posando junto a una urna metálica del tamaño de un archivador de oficina, rotulada como “buzón oficial de entrega de boletas”. Sin embargo, el contenedor no había sido proporcionado ni supervisado por funcionarios electorales del condado de Orange, remarcó el funcionario del registro de ese condado, Neal Kelley.

Contenedores similares aparecieron en varias comunidades de todo el estado, en puntos tan disímiles como tiendas de armas, en Fresno, hasta iglesias en Castaic y Simi Valley.

Una lista de lugares patrocinados por el partido republicano del condado de Fresno en su sitio web mostraba una docena de ubicaciones para dejar las boletas, las cuales no están autorizadas por los funcionarios electorales. Desde entonces, el listado fue eliminado.

La ley estatal en cuestión, enmendada en 2016 y nuevamente en 2018, reemplazó a una regla anterior que limitaba la entrega de boletas a un familiar o un conviviente, y prohibía explícitamente la recolección por parte de partidos políticos y campañas. Los republicanos, en particular, han criticado el proceso y se burlaron de él, llamándolo “cosecha de votos”.

La ley, afirman los expertos, establece explícitamente que cualquier individuo puede entregar una boleta en un buzón designado como oficial. Pero marca una distinción entre un votante que entrega de forma voluntaria su boleta a otra persona para que la coloque en una urna, y aquel que la colocó en un buzón extraoficial sin saberlo.

Según especialistas, el uso de urnas de recolección de votos de terceros no es ilegal, pero la designación falsa de éstas como “oficial” sí lo es, ya que no fueron autorizadas por funcionarios electorales.

La asambleísta Lorena González, quien redactó la norma y su enmienda en 2018, consideró que la intención de los dos proyectos de ley era ampliar el acceso de los votantes y la participación en las elecciones.

La redacción de las enmiendas no le da al partido republicano estatal la capacidad legal para usar urnas no oficiales, destacó González, una demócrata cuyo distrito abarca el sur del condado de San Diego. “La cantidad de procesos mentales que hay que esquivar para asumir que quien abre la caja es la persona designada me supera”, expuso González. “Está claro que puede designar a alguien, pero no una urna. Simplemente, considero lamentable que después de quejarse durante años sobre el fraude electoral, el partido republicano tomó el tema en sus propias manos y ha cometido un fraude”, agregó.

Para Raúl Macías, abogado del Programa de Democracia en el Brennan Center for Justice, la afirmación del partido republicano de que “esto es igual a la asistencia para la recolección de boletas es ridícula a primera vista”.

“La ley de recolección de boletas de California permite a los votantes encomendar a una persona específica que entregue las boletas en su nombre”, comentó. “Esto, en cambio, implica que agentes políticos defrauden a los votantes haciéndoles pensar que están enviando las papeletas a los funcionarios electorales en lugar de al partido republicano”. Algunas de las urnas, agregó Macías, están etiquetadas como oficiales. “Los votantes no saben a quién le están confiando su sufragio”, señaló. “Me parece que los funcionarios republicanos están cometiendo un delito grave al hacerse pasar por funcionarios electorales”.

Jessica Levinson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola, coincidió en que los republicanos estatales engañaban a los votantes. Una persona no puede “designar” a alguien para que entregue su boleta si desconoce que la depositará en una urna extraoficial.

Los académicos argumentan que el vaivén podría debilitar la eficacia ya menguante en el sistema electoral en un año marcado por una pandemia, por temores sobre retrasos en el correo y recortes en el Servicio Postal de EE.UU, y por denuncias presentadas por los republicanos -incluida la campaña de Trump- para restringir el acceso a las boletas o impedir la ampliación del derecho a voto.

Los republicanos afirman que su objetivo es combatir el potencial de fraude; los demócratas, en tanto, argumentan que el partido republicano intenta privar de sus derechos a los electores.

“Uno de los problemas reales y potenciales aquí es que los votantes en este momento están escuchando teorías de conspiración en torno al director general de correos y las urnas en Oregón, que están siendo retiradas de la calle. Ello socava la confianza en USPS, y por eso la gente recurre a los buzones”, comentó Paul Mitchell, vicepresidente de la firma de datos Political Data Inc. “Pero esto podría terminar minando la confianza en los buzones”.

Macías, del Brennan Center for Justice, remarcó que sería diferente que un votante designara al dueño de una tienda de armas como el sujeto que entregará una boleta en su nombre, en lugar de colocar una urna frente a la tienda.

“California tiene regulaciones integrales que brindan seguridad a los buzones oficiales”, comentó. “Entre ellas se incluye la provisión de su construcción robusta y la capacidad de resistir posibles ataques a esos buzones. Se exige también que los espacios sean lo suficientemente estrechos para evitar manipulaciones, y las boletas deben ser recolectadas regularmente de esas urnas por dos funcionarios electorales”.

Macías cree que el partido republicano busca llamar la atención sobre su oposición a la ley estatal “mediante el control de los funcionarios electorales”. “Estas tácticas encajan en un patrón familiar de intentar suprimir el voto. Socavar la confianza, crear confusión, difundir desinformación, son formas de inhibir a los votantes. Sienta las bases para luego afirmar que no se puede confiar en los resultados”.

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