Para algunos fiscales de California, el ‘tsunami’ de fraudes cometidos por presos alimenta el crimen callejero

SACRAMENTO — A medida que se revelan complots dentro de las prisiones y cárceles de California para la estafa contra los beneficios de desempleo en el marco de la pandemia, los fiscales de distrito en gran parte de California están pidiendo a los líderes estatales que los ayuden a detener, investigar y procesar el fraude. La cooperación, según dicen, se ha materializado lentamente mientras los abusos continúan.

“Es un tsunami”, afirmó la procuradora de distrito del condado de Sacramento Anne Marie Schubert, una fiscal que teme que el dinero robado pueda estar contribuyendo al delito en la calle. “En última instancia, lo fundamental es que necesitamos ayuda”.

Múltiples fiscales de distrito entrevistados por The Times expresaron su frustración porque los funcionarios estatales, incluido el procurador general Xavier Becerra, no asumieron el liderazgo en lo que algunos describen como el mayor fraude a los contribuyentes en la historia de California. Especialmente problemático es que las agencias estatales siguen lidiando con cómo compartir información con los investigadores, como los números de Seguro Social necesarios para identificar a los reclusos que solicitan beneficios, un sistema utilizado en otros 35 estados para prevenir tal abuso.

Funcionarios de la administración del gobernador Gavin Newsom afirmaron que se está trabajando en una solución legal permanente para permitir el intercambio de datos. Ello podría implicar un cambio de leyes o reglamentos estatales en la agencia penitenciaria.

La portavoz del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, Vicky Waters, anticipó que la agencia está “cerca de una solución” para compartir información con el Departamento de Desarrollo del Empleo. “Nuestro enfoque en este momento es garantizar que cualquier persona responsable de defraudar al estado y a los californianos trabajadores en esta investigación rinda cuentas”, enfatizó.

En una carta enviada a ocho fiscales que hicieron público el fraude de los reclusos recientemente, después de descubrirlo en noviembre, Newsom expuso que se enteró del problema hace unos tres meses. Desde que lo supe, en agosto, “me alarmó profundamente lo que ha estado sucediendo y, al igual que ustedes, me comprometo a eliminar el fraude en el sistema y los programas de beneficios de desempleo federales temporales”, escribió.

Pero los fiscales sostienen que sin una acción inmediata que permita a los investigadores comparar los reclamos del Departamento de Desarrollo de Empleo (EDD, por sus siglas en inglés) con las listas de reclusos, sus manos están atadas, lo cual potencialmente deja que el dinero fluya de los pandilleros presos a las pandillas callejeras involucradas en drogas, armas y otros delitos. Los entrevistados por The Times afirmaron que, aunque algunos de los presuntos fraudes pueden haber sido perpetrados por individuos, gran parte de ellos parecen estar organizados, con múltiples pagos dirigidos a una misma dirección.

“Estamos encontrando que las pandillas están muy metidas en esto”, remarcó Todd Riebe, fiscal de distrito del condado de Amador. Riebe está buscando a 500 reclusos en la prisión estatal de Mule Creek, en su condado del norte de California, que pueden estar involucrados en reclamos fraudulentos por más de dos millones de dólares, aunque algunos de los fondos se han enviado a otros condados e incluso a otros estados. Si bien, sabe la cantidad de reclusos involucrados, aún no tiene sus nombres debido a las restricciones para compartir información. Riebe afirmó que se siente “como un hombre sediento en el desierto”, con la esperanza de que el estado tome medidas que permitan el acceso para poder comenzar a construir casos. “Necesito que esa información avance ahora mismo”, enfatizó. “Necesito esa lista”.

Los fiscales también comentaron que, sin fondos y recursos adicionales, es posible que no puedan presentar cargos penales en todos los casos de fraude.

Incluso en ciudades más grandes, como Sacramento y Los Ángeles, la cantidad de acusados potenciales y la naturaleza intensiva en mano de obra de las investigaciones implican que los fiscales, con recursos limitados, ya estén discutiendo cuáles perseguir y cuáles dejar en segundo plano, tal como describió la procuradora de distrito del condado de Lassen, Susan Melyssah Ríos.

Con más de 900 reclusos en la prisión estatal de High Desert en su Condado implicados en un posible fraude por desempleo, por un total de cuatro millones de dólares en beneficios hasta ahora, Ríos admitió que su oficina -que posee cuatro abogados- está superada en personal cuando se trata de procesar esos posibles casos. Sin ayuda estatal, remarcó, no está segura de cómo manejarán la arremetida. “Los presos […] creen que son los dueños del circo”, afirmó Ríos.

Varios fiscales cuestionaron por qué Becerra no asumió hasta ahora un papel más destacado, ya que los casos a menudo involucran a varios sospechosos y condados.

Para Mike Hestrin, fiscal de distrito del condado de Riverside, “obviamente es un problema estatal. Está en todas partes. Simplemente no son los condados con prisiones. Ocurre en todos los condados y está teniendo un gran impacto en todas las fiscalías”.

Los fiscales federales, agregó Hestrin, están trabajando con un grupo estatal integrado por fiscales de distrito para llevar adelante los casos, pero sus pares estatales hasta ahora han mostrado poco interés. Greg Totten, fiscal de distrito del condado de Ventura, agregó que si bien el fraude ha sido históricamente un delito manejado a nivel local, el volumen del problema actual no tiene precedentes.

“Es una buena pregunta por qué el procurador general no está involucrado”, reflexionó Hestrin.

Ríos agregó que “lo que encuentro más ofensivo es simplemente la falta de respuesta o interés por parte de la oficina del fiscal general [de California]”.

La mayoría de los fiscales de distrito que hablaron con The Times están de acuerdo en que gran parte del dinero estafado hasta ahora no se recuperará, y poco se puede hacer para castigar aún más a los prisioneros que ya pueden estar cumpliendo sentencias de décadas o cadenas perpetuas, lo cual deja a muchos ansiosos por perseguir cómplices externos que pueden residir en condados o estados fuera del ámbito de los fiscales locales. También señalan que, probablemente, el problema se haya extendido a las 58 cárceles de los condados de California, donde algunos reclusos cumplen sentencias breves, lo cual complica aún más las investigaciones porque varios de esos individuos encarcelados podrían calificar para los beneficios.

Hasta ahora, los funcionarios estatales identificaron $400 millones pagados en unas 21.000 solicitudes de beneficios de desempleo que se presentaron inapropiadamente a nombre de los internos de la prisión de California.

Los representantes de Becerra no respondieron de inmediato, este miércoles, por qué supuestamente su oficina se negó a investigar algunas de las acusaciones.

Fue a fines del verano cuando aparecieron pruebas de fraude del EDD en las cárceles de California, según fiscales, investigadores y otros. La cuestión la descubrieron casi por accidente los investigadores que monitoreaban las llamadas telefónicas de cárceles y prisiones, mientras buscaban delitos no relacionados.

En junio, los investigadores que se especializan en delitos de prisioneros se encontraron con una operación fraudulenta dentro de la prisión estatal en Lancaster, donde los reclusos habían reclamado beneficios de desempleo. Al principio, se creyó que era un problema local. La unidad de prisiones de la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles se involucró en identificar a los culpables. El dinero había comenzado a aparecer en los libros de reclusos e informantes, y las conversaciones telefónicas interceptadas por los investigadores los llevaron a reconocer que el problema era más amplio.

Casi al mismo tiempo descubrieron un problema similar en una cárcel del condado de San Mateo, al escuchar las llamadas telefónicas allí. Ese caso dio lugar a la presentación de cargos contra 21 personas.

También por esa época en el condado de Lassen, un investigador de la prisión en High Desert estaba investigando un incidente.

Ese investigador se lo contó a Ríos, la fiscal de distrito, en un correo electrónico el 5 de septiembre pasado, afirmó ella. Con curiosidad por saber si otros condados habían detectado algo similar, la fiscal envió una consulta a través de un grupo cerrado de correo electrónico utilizado por los fiscales de distrito.

Las respuestas llegaron rápidamente. En Sacramento, Schubert se dio cuenta de inmediato que sus propias cárceles y prisiones estaban afectadas. Después de haber reunido un grupo de trabajo estatal para perseguir al Asesino del Estado Dorado, Joseph DeAngelo, solo unos años antes, una vez más lideró una colaboración a principios de noviembre pasado, y convocó a McGregor Scott, fiscal de Estados Unidos para el distrito este de California.

Fue a través de esa conexión federal que los fiscales de California pudieron ver la gran escala del fraude. La procuraduría de EE.UU había emitido una citación en nombre del Departamento de Trabajo de Estados Unidos al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California en septiembre, lo cual permitió comparar la información de los reclusos con las solicitudes durante un período de cinco meses, hasta agosto.

Según Schubert, los fiscales recibieron esa información de las autoridades federales el 12 de noviembre, y ella pasó ese fin de semana indagando en nombres que reconocía de sus propios procesamientos. “Seguían apareciendo personas a las que yo misma había procesado, y me sentía cada vez más irritada”, aseguró.

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