Guatemala bloquea las deportaciones de EE.UU debido al coronavirus

GUATEMALA CITY — Guatemala se convirtió el martes en la primera nación centroamericana en bloquear los vuelos de deportación desde Estados Unidos en un esfuerzo por prevenir la propagación del coronavirus, un giro dramático en las políticas de la administración Trump que prohíben la entrada a los solicitantes de asilo de la región.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala anunció que todos los vuelos de deportación se detendrían “como medida de precaución” para establecer controles sanitarios adicionales. Antes del anuncio, el presidente Alejandro Giammattei manifestó en una conferencia de prensa el lunes que Guatemala también cerraría sus fronteras completamente durante 15 días.

“Este virus puede afectarnos a todos y mi deber es preservar la vida de los guatemaltecos a cualquier costo”, declaró.

Guatemala, una de las principales fuentes de migración a Estados Unidos, así como un país de tránsito primario para personas de otras naciones que se dirigen a la frontera entre Estados Unidos y México, en los últimos días ha bloqueado a los viajeros procedentes de EE.UU, así como las llegadas de Canadá y algunos países europeos y asiáticos.

El gobierno guatemalteco, bajo la nueva administración de Giammattei, ha confirmado seis casos de coronavirus hasta el lunes por la mañana. Pero ha tomado una dura decisión en su respuesta a la pandemia para tratar de prevenir la rápida propagación que se ha visto en América del Norte y en otros lugares, convirtiéndose en uno de los primeros de la región en prohibir la entrada de los estadounidenses.

Otras naciones del hemisferio occidental, incluyendo El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y Perú, también han tomado medidas para prohibir la entrada a los extranjeros y, en algunos casos, para cerrar sus fronteras, incluso a sus propios ciudadanos que regresan.

La medida de Guatemala de rechazar las deportaciones tendrá un impacto significativo en los esfuerzos de la administración Trump por impulsar un acuerdo en virtud del cual Estados Unidos envía a Guatemala a los migrantes que buscan asilo en EE.UU, incluso a los que no son ciudadanos guatemaltecos.

El acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala, denominado Acuerdo de Cooperación en materia de Asilo, niega a los peticionarios de asilo la oportunidad de solicitar refugio en EE.UU y, en cambio, sólo les permite solicitar refugio en Guatemala.

El más alto tribunal de Guatemala bloqueó inicialmente el acuerdo. Desde noviembre, Estados Unidos ha enviado a Guatemala más de 900 hombres, mujeres y niños que han llegado a la frontera desde El Salvador y Honduras.

Antes de la decisión de bloquear los vuelos de deportación, el gobierno guatemalteco había publicado un programa de 10 vuelos esta semana desde Estados Unidos. Uno llegó el lunes por la tarde desde Brownsville, Texas, llevando a 56 guatemaltecos y 17 salvadoreños, pero otro fijado para el martes fue cancelado, según Alejandra Mena, portavoz del instituto de inmigración de Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas habían dicho anteriormente que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos les había asegurado que no enviarían a Guatemala a personas que estuvieran enfermas o presentaran síntomas del virus.

Los inmigrantes que regresan reciben exámenes de salud antes de abordar los vuelos de deportación y después de llegar a la Ciudad de Guatemala, señaló Joaquín Samayoa, portavoz del Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Aquellos que se encuentren enfermos serán puestos en cuarentena, añadió.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, que aplican el acuerdo de asilo, dirigieron una solicitud de comentarios sobre la decisión de Guatemala a la agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, que administra los vuelos. El organismo no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han celebrado reuniones en las últimas semanas para preparar la incorporación de migrantes mexicanos a los grupos que se envían de regreso a Guatemala -a pesar de la oposición de México- y para poner en marcha acuerdos similares con El Salvador y Honduras, dijeron fuentes a Los Angeles Times con la condición de mantener el anonimato.

Esos planes parecen haber sido truncados por la pandemia.

El gobierno hondureño anunció la semana pasada que tres de sus ciudadanos que fueron deportados de Estados Unidos habían mostrado síntomas de coronavirus y fueron puestos en aislamiento. El país suspendió los vuelos de repatriación desde México.

Hasta el lunes la frontera México-Estados Unidos permanecía abierta, tanto al tráfico vehicular como peatonal y a los vuelos, pero los gobiernos de México y El Salvador discutieron entre sí por los viajeros varados.

Funcionarios de la región e incluso dentro de la administración Trump, así como profesionales de la salud y defensores de la inmigración, han expresado su temor de que el enfoque de Trump en la aplicación de la ley de inmigración podría empeorar la pandemia.

La Casa del Migrante, un refugio en la Ciudad de Guatemala que desde noviembre ha albergado a cientos de salvadoreños y hondureños devueltos bajo el acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala, anunció durante el fin de semana que dejaría de recibir inmigrantes que habían sido deportados de Estados Unidos o México.

Mauro Verzeletti, director del refugio, declaró la acción de Guatemala como “extraordinaria” y “una victoria”. Durante días, había pedido a Estados Unidos que detuvieran los vuelos de deportación a Guatemala, para frenar la propagación del virus. Expuso que los inmigrantes ya eran vulnerables a las enfermedades porque llegaron de EE.UU físicamente agotados y simplemente “en muy malas condiciones”.

El lunes, Verzeletti se reunió con funcionarios y diplomáticos guatemaltecos para discutir lo que describió como una “crisis humanitaria de alto nivel”.

El gobierno de Trump anteriormente favorecía una política conocida como “Remain in Mexico” (Permanecer en México), que, combinada con otras iniciativas, ha obligado a unos 80.000 solicitantes de asilo a regresar a México y a menudo los ha dejado varados en peligrosas ciudades fronterizas mientras esperan el procesamiento de sus casos en Estados Unidos.

Pero esa política está empantanada en litigios - aunque la Corte Suprema la semana pasada permitió que continuara hasta un fallo definitivo sobre su legalidad. En medio de una caída significativa de las aprehensiones en la frontera sur de EE.UU, los funcionarios de la administración Trump han recurrido cada vez más al acuerdo de asilo con Guatemala.

El lunes, ACLU y otros grupos presentaron una demanda contra ICE, buscando la liberación de los inmigrantes detenidos que son particularmente vulnerables a COVID-19. Los jueces, fiscales y abogados de inmigración también pidieron al Departamento de Justicia que cerrara los tribunales de inmigración.

El juez A. Ashley Tabaddor, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, expuso que se había dicho a los jueces que siguieran celebrando audiencias con los inmigrantes durante la crisis de salud.

“Llame al Departamento de Justicia y pregunte por qué no están cerrando las cortes”, indicó, refiriéndose al Departamento de Justicia.

O’Toole informó desde la Ciudad de Guatemala y Carcamo desde Los Ángeles. La redactora del Times, Maura Dolan, de Orinda, California, contribuyó a este informe.

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